La Cámara Federal de Corrientes dictó la prisión domiciliaria de un hombre procesado por el delito de tenencia de estupefacientes con finalidad de venta luego de que en el expediente se analizara que su mujer, que había tenido un bebé dos meses antes, “se encuentra atravesando momentos de extrema vulnerabilidad” en su proceso de posparto.

El beneficio en cuestión había sido solicitado por la defensa y validado por el fiscal general, quien afirmó que debía aplicarse “una medida que priorice el sustento de la familia y la preservación de la salud emocional de la madre”.

La morigeración recayó sobre Miguel Nicolás Sreka, un correntino que, según la sentencia a la que accedió Infobae, había sido detenido en su vivienda de la capital local tras un allanamiento realizado por las fuerzas de seguridad federales donde “se hallaron estupefacientes y plantas de marihuana, como así también envoltorios de nylon, por lo que, su conducta encuadraría en el tipo penal de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

Sreka fue detenido de inmediato y procesado bajo el delito que prevé una pena en abstracto de 4 a 15 años de cárcel. Precisamente fue eso lo que consideró el Juzgado Federal de Primera Instancia 1, en cabeza del juez Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, al momento de denegarle su pedido de “excarcelación con prisión domiciliaria en subsidio”. En ese sentido, el magistrado evaluó también la existencia de “riesgos procesales” en tanto el imputado no cuenta con un trabajo estable -se dedica a hacer changas- y aún no han finalizado los peritajes telefónicos que podrían brindar avances en la investigación de una presunta y posible “narcorganización”.

Frente a la denegatoria, el imputado interpuso un recurso de apelación y así el incidente caratulado “Sreka, Miguel Nicolás s/ Infracción Ley 23.737” llegó a la Cámara Federal de Corrientes, integrada para la firma por los jueces Ramón Luis González, Mirta Gladis Sotelo y Selva Angélica Spessot -quien no participó en el expediente por estar en uso de licencia-.

En este contexto, y luego de los traslados procesales de rigor, intervino el fiscal general Carlos Adolfo Schaefer, quien “adhirió parcialmente al recurso de la defensa, respecto de la prisión domiciliaria solicitada en subsidio” debido a que “del informe socioambiental practicado en el domicilio de la sra. Medina, pareja del sr. Sreka, surge que tienen una hija de 2 meses de edad, y además están a cargo de dos niños más, constituyendo así su núcleo familiar”.

“Se advierte el estado de vulnerabilidad y desamparo que viven los menores, debiendo aplicarse una medida que priorice el sustento de la familia y la preservación de la salud de la madre”, expresó. En esa línea también se había manifestado el Ministerio Público Pupilar (MPP) ante la Cámara, quien añadió que la beba nació “mientras su padre se encontraba detenido” y que “la sra. Medina se encuentra atravesando momentos de extrema vulnerabilidad, dado que tuvo un embarazo de riesgo, afrontando el parto en soledad, y que además tiene miedo durante las noches, por cuanto manifiesta tener problemas con los vecinos”.

“La pareja del sr. Sreka se encuentra atravesando un proceso de posparto, tratándose de una persona joven, madre ocupada de sus hijas, pero que actualmente se encuentra muy sensible, y necesita del sostén emocional y la protección que su pareja le brindaba”, dijo el MPP, para luego concluir que “la privación de libertad del imputado ha impactado negativamente en su grupo familiar, generando una situación de vulnerabilidad, por lo que su presencia en el hogar podría ayudar a menguar la problemática que atraviesa su familia, con miras a preservar el interés superior de las niñas y la salud emocional de la madre”. Al momento de decidir, los jueces dieron cuenta de todos los informes recabados en la causa y, en consonancia con la postura del fiscal, resolvieron otorgar el arresto en un domicilio -brindado por la defensa- de la ciudad de Corrientes. A su vez, impusieron la aplicación de un régimen que implica, entre otras medidas, “la obligación del imputado de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe” para asegurarse de que seguirá ligado al proceso.

Fuente: El Litoral