La Justicia realiza nuevos allanamientos en la municipalidad de Paraná, por la causa de narcotráfico en la que está procesado el intendente Sergio Varisco. El jefe comunal se defendió de las acusaciones: dijo en diálogo con TN que es "absolutamente inocente" y que seguirá en el cargo.

El procedimiento fue dispuesto por el juez federal Leandro Ríos y es realizado por la División Lavado de Activos de la Policía Federal. El mes pasado los efectivos secuestraron los teléfonos celulares del intendente y de su hija Lucía Varisco, acusados de amenazar a Ríos.

En la causa se investiga la presunta relación de Varisco con una organización de narcotráfico, vinculada a una de las mayores redes de venta de drogas de Entre Ríos. El jefe comunal está procesado como financiador del transporte y comercialización de drogas, al igual que funcionarios municipales y empleados de la comuna.

"Voy a seguir gobernando, no estoy involucrado en nada de lo que se me imputa. Durante la campaña nos involucramos con un montón de gente, pero en ningún caso cometimos un ilícito. Estamos tranquilos de nuestra inocencia, soy absolutamente inocente", dijo el jefe comunal, mientras se realizaba el allanamiento.
La causa

La investigación arrancó en mayo del año pasado tras el descubrimiento de una avioneta con 317 kilos de marihuana en un campo de Colonia Avellaneda, localidad vecina a Paraná. Por ese hecho se encuentra detenido Daniel "Tavi" Celis, acusado de liderar la banda que contrabandeó esa droga, junto a otros sospechosos.

Por esta investigación y a raíz del análisis de los mensajes en los teléfonos secuestrados al detenido a principios de mayo el juez ordenó allanamientos en la Municipalidad, el Concejo Deliberante y varios domicilios de Paraná, entre ellos el de Varisco, el de su madre y los de otros funcionarios.

Según la investigación Varisco habría financiado actividades de narcotráfico para que la organización liderada por "Tavi" Celis comprara cocaína que luego vendía en distintos barrios de Paraná y Concordia.

De acuerdo a la acusación, además, el intendente, el concejal Pablo Hernández y la subsecretaria de Seguridad Griselda Bordeira adquirieron al menos seis ladrillos de cocaína por la que pagaron entre $ 150.000 y $ 165.000 por cada uno, para su posterior comercialización.


Fuente: Tn