| 22/08/2018

Se trata de Ramón Eduardo Campo, ex secretario de obras públicas de la comuna. El nuevo procesamiento dictado por el juez Martín José Vega se suma a otros dos de este mismo año, que se dictaron por hurto de energía eléctrica y portación de arma de fuego. En esas acusaciones el proceso se encuentra firme y en trámite de realización de juicio.

El titular del Juzgado de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá, Martín José Vega, dispuso un nuevo procesamiento del ex Secretario de Obras Públicas de ese municipio, Ramón Eduardo Ocampo por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y enriquecimiento ilícito.

El doctor Vega consideró acreditado provisionalmente que Ocampo incurrió en los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y enriquecimiento ilícito en concurso real en calidad de autor material.

Ocampo se desempeñó como funcionario público de la Municipalidad de Curuzú Cuatiá, desarrollando una actividad política que le permitió ir ocupando diferentes cargos públicos, y sus ingresos económicos legítimos percibidos, si bien podían permitir la satisfacción de sus necesidades, no constituían un caudal que convirtiera al mismo en una persona de fortuna, con posibilidades de grandes inversiones.

Sin embargo se reveló una inversión inmobiliaria que consiste en un inmueble con 15 departamentos o unidades habitacionales en construcción avanzada y dos locales comerciales, además de vehículos automotores de elevado costo y otras inversiones en curso de investigación.También se consideró probado que Ocampo mantenía una relación de pareja con una mujer, quien resultó de importancia para que éste pudiera implementar una maniobra de ocultamiento de la titularidad de los bienes adquiridos. El plan de los imputados consistió en simular la propiedad de bienes adquiridos por el hombre haciéndolos pasar como de propiedad de la pareja.

El doctor Vega dictó el Auto de Procesamiento y Prisión Preventiva contra la mujer, por considerar que incurrió en la comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en carácter de partícipe necesaria y enriquecimiento ilícito en calidad de persona interpuesta en concurso real.

Los delitos en que se encuentran involucrados los procesados se encuentran previstos en los artículos. 265 y 268 (2) tercer párrafo del Código Penal Argentino.

También se consideró probado que Ocampo, en su calidad de Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad y en complicidad con un agente municipal bajo su órbita, intervino aprobando el Plano, la inspección de obra, la liquidación de los Derechos y Tasas municipales a cobrar y autorizando por ende la ejecución de la obra de su emprendimiento inmobiliario.

Todo ello “en un inequívoco alzamiento contra toda norma de imparcialidad y decencia, ya que sabía perfectamente que se trataba de un inmueble y una obra de su propiedad y debía excusarse de intervenir ya que ello se encuentra prohibido por el art. 154 apartado d) de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Curuzú Cuatiá”.

El magistrado valoró especialmente que la Constitución Nacional cataloga como un atentado contra el estado democrático los graves delitos dolosos contra el Estado que conlleven enriquecimiento, previendo la inhabilitación del autor por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos (párrafo 5 del artículo 36) y que el delito de enriquecimiento ilícito se encuentra contemplado en la Convención Interamericana contra la Corrupción (art. IX), ratificada por nuestro país mediante Ley 24.759 e incorporada a la Constitución Nacional, y en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (art. 20), suscrita en diciembre de 2003 (ratificada por Ley 26.097).

Los bienes detectados hasta el presente, y que se considera que integran el enriquecimiento ilícito, se encuentran embargados por la Justicia y sujetos a decomiso en caso de recaer condena.

Este procesamiento se suma a los que se dictara este mismo año por los delitos de hurto de energía eléctrica y portación de arma de fuego, contra el mismo ex funcionario, y que se encuentran firmes y en trámite de realización del juicio.

Se hace hincapié en el Juzgado de Instrucción y Correccional que las investigaciones siguen su curso por delitos en perjuicio de la administración pública durante la gestión del ex funcionario, no descartándose la ampliación de las imputaciones hacia nuevos partícipes y más hechos presumiblemente ilícitos.

Fuente: Diario Época