La Justicia aún no ha dado definiciones a los cuestionamientos que le han hecho al decreto de necesidad y urgencia de desregulación económica que puso en marcha el gobierno de Javier Milei. Más allá de los distintos planteos, ningún fallo hizo lugar a los reclamos de medidas cautelares para frenar su aplicación que ya empezó a regir, con la derogación implícita de decenas de leyes. Tampoco a declarar la inconstitucionalidad de ese texto completo o en parte. El escenario está abierto a la espera del veredicto de los tribunales y sin plazos inmediatos, mientras en el Congreso todavía no se terminó de constituir la comisión bicameral ni el decreto llegó oficialmente, vía Ejecutivo, al recinto.
“Al final no pasó nada”, decían en tribunales sobre el final del último día hábil del año. Por lo pronto, la Corte Suprema de Justicia ya recibió el primer planteo minutos antes de la medianoche del viernes. Lo impulsó el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela, uno de los mandatarios provinciales que hace un año, junto al ex presidente Alberto Fernández, impulsaron el juicio político contra los ministros del máximo tribunal.
La Rioja promovió una acción declarativa de certeza contra el DNU en la que se busca se declare su inconstitucionalidad y el dictado de una medida cautelar de no innovar que disponga la suspensión total de los efectos de la norma y que se ordene al Poder Ejecutivo de la Nación no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la presente causa.
Lo que hizo la Corte, a través de la secretaría de asuntos originarios, al mediodía del viernes fue remitir el tema a la Procuración General para que dictamine por la competencia, pero avisar: “Sin perjuicio de ello, y por disposición del Tribunal, se hace saber que esta Corte estudiará las cuestiones sometidas a decisión luego del receso correspondiente a la próxima feria judicial del mes de enero”. Según ya estaba previsto, durante toda la feria estará el presidente de la Corte Horacio Rosatti y solo durante la primera semana de enero será acompañado por sus colegas Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La decisión, no obstante, fue celebrada por el constitucionalista Raúl Ferreyra, quien junto a su colega y ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni, elaboró la presentación en nombre de la provincia de La Rioja. “Se abrió el juego -dijo Ferreyra- La Corte adoptó su decisión en menos de 12 horas, porque la demanda se presentó el jueves 28 a las 23 horas. Las decisiones de los jueces de la Corte significan una tarea institucional muy valorable del Más Alto Tribunal de Justicia de la República por su prontitud y determinación jurídica”.
La provincia de Buenos Aires también objetó el DNU y pidió su inconstitucionalidad, pero lo hizo a través del Defensor del Pueblo de la provincia Guido Lorenzino, y no ante la Corte Suprema sino ante un juzgado federal de La Plata. Le tocó al juez Alberto Recondo, que le denegó a un abogado una cautelar contra el DNU por no estar legitimado para actuar por su simple rol de ciudadano que alegaba lesiones a disposiciones constitucionales de un modo genérico y amplio.
Fuente: Infobae


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