| 07/12/2023

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordó la responsabilidad del Estado argentino sobre la causa de su muerte, que según la autopsia fue "asfixia por sumersión luego de haber quedado inconsciente tras haber sido golpeado y arrojado al agua". El Gobierno nacional oficializó el acuerdo de solución amistosa celebrado en septiembre del año pasado en el caso del efectivo de la Prefectura Naval, Octavio Romero, en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordó la responsabilidad del Estado argentino por la falta de esclarecimiento de un crimen de odio motivado en la orientación sexual de la víctima.

El Decreto 692/2023 está firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; el ministro de Justicia, Martín Soria; y el canciller Santiago Cafiero y por medio de esta normativa se establecen medidas reparatorias para con los familiares de Romero, la víctima del caso.

Octavio Romero fue visto con vida por última vez el 11 de junio de 2011 al salir de su domicilio y, al día siguiente, su pareja, Gabriel Gersbach, radicó la denuncia por su desaparición en la comisaría 15 de la Policía Federal Argentina.

Seis días después, se encontró su cuerpo desnudo, a orillas del Río de la Plata, en el partido bonaerense de Vicente López.

De acuerdo con la autopsia, la causa de muerte fue "asfixia por sumersión luego de haber quedado inconsciente tras haber sido golpeado y arrojado al agua". La parte peticionaria alegó que se trató "de un crimen de odio por orientación sexual de la víctima, quien previamente había solicitado permiso al prefecto nacional naval para contraer matrimonio con Gersbach, con lo que se hubiera convertido en el primer uniformado en contraer matrimonio homosexual en la Argentina", sostiene el anexo del decreto.

Fuente: El Litoral