| 13/04/2017

Las cuatro entidades asociativas que prestan el servicio energético en zonas rurales plantean que no alcanzaron un acuerdo con la Provincia por la actualización de costos. Requieren montos “razonables” ya que argumentan que son distribuidoras y las encargadas de las inversiones. Por esta situación, no pueden aplicar la categoría al usuario “social”.

Cuatro son las cooperativas que prestan el servicio eléctrico en algunas zonas urbanas y rurales del interior y manifestaron su preocupación por la falta de acuerdo con la Provincia por las recientes tarifas aplicadas por esta, y que incluso analizan solicitar amparos judiciales para alcanzar montos “razonables”, indicaron desde el sector.

El tema fue planteado en la reunión mensual del Consejo de Administración de la Federación de Cooperativas de Corrientes (Fedecoop). Los dirigentes de las entidades asociativas de servicios eléctricos expresaron la preocupación de sus miembros porque consideran alto el costo tarifario aplicado por la Provincia.

Desde Fedecoop comunicaron que durante el cónclave se expresó que el nuevo incremento tarifario que deben afrontar como distribuidoras resultaría “inaplicable”, conforme lo plantearon, toda vez que supera incluso a los montos dispuestos para los usuarios finales.

A eso se agregan acreencias que mantienen con organismos estatales, las relaciones contractuales por tenencia y uso, también las expectativas respecto del subsidio a la prestación.

Las cooperativas eléctricas son la de Gobernador Virasoro, la de Bella Vista, Aguará (de Juan Pujol), y la de Monte Caseros. Del cónclave de Fedecoop, participó por Aguará, Miguel Rosbaco, quien comentó a El Litoral que “desde febrero, Dpec nos aumentó las tarifas de la energía que nos vende en más del 60 por ciento, más de lo que la distribuidora provincial le cobra a los propios usuarios”.

Por ello consideró que “esto no nos parece justo, y nos pone en desigualdad frente a los usuarios de Dpec”. Sobre el planteo específico, adujo que “pedimos una tarifa razonable y que se encuadre como distribuidoras a las cooperativas al momento de aplicar una tarifa, porque prácticamente nos venden con el mismo precio de un usuario final”.

Consultado sobre si hubo acercamiento con las autoridades provinciales, refirió que “permanentemente se viene hablando, tratando de consensuar una tarifa razonable, pero no hay una solución".

Por ello, adelantó que “algunas cooperativas estamos pensando en presentar un amparo judicial, para tratar de hallar un monto que sí se pueda aplicar. Nos estamos asesorando y veremos cómo se presentaría”, indicó.

Este diario intentó comunicarse con autoridades de la Dpec, lo cual resultó infructuoso.

Además, Rosbaco señaló que “frente a esta situación nunca pudimos aplicar la tarifa social, porque en los costos que nos trasladan es inaplicable”.

Por otro lado, comentó que “participamos de la audiencia pública que se hizo en Santa Rosa sobre la actualización tarifaria, y manifestamos que son cifras muy elevadas y que se aplicaron antes de que se realice justamente esta convocatoria”.

Fuente: El Litoral