Culminó ayer el II Plenario de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra). Como resultado los ombudsman elaboraron un documento final en el que se pronunciaron en contra del tarifazo de los servicios públicos y solicitaron mejoras como la ampliación de la tarifa social y un cuadro diferenciado por regiones.

Con la presencia de representantes de las Defensorías de distintos puntos del país, Corrientes ofició de anfitriona del encuentro que finalizó ayer. Los referentes avanzaron en la confección de un documento que abordó principalmente la preocupación por el tarifazo.

“Pedimos al Poder Ejecutivo Nacional la realización de una audiencia pública, esperando el fallo de la Corte Suprema de Justicia”, informó a El Litoral el defensor de los Vecinos de la ciudad, Javier Rodríguez. Además elevarán un pedido de readecuación del cuadro tarifario, teniendo en cuenta las diferentes realidades del país. Tal es el caso del NEA, una región electrodependiente que no cuenta con gas natural.

“Según nuestras estimaciones, en la región una familia tipo, tanto en invierno como en verano, con el uso de aires acondicionados y de calefactores supera los 1.000 kilowatios”, indicó Rodríguez.

Por ello, además, consideran un umbral bajo los 500 Kw/h subsidiados por el Gobierno nacional para los usuarios con tarifa social que vivan en el Nordeste. Según expresó el defensor de los Vecinos, en la zona se debería aplicar un cuadro tarifario diferencial.

Además, entre las conclusiones del encuentro se destaca un pedido de los representantes de ampliar el universo de personas que puedan acceder a la tarifa social. “Un auto de diez años de antigüedad no puede considerarse un lujo. Puede ser que una familia utilice el vehículo para trabajar como un remisero, o un utilitario y no por eso creer que puede pagar una boleta cara”, graficó Rodríguez.

El representante, además, informó que uno de los logros de las gestiones de la red consiste en que a través de la Defensoría del Pueblo de Capital Federal, a cargo de María González, se podrá tramitar desde varios puntos del país, entre ellos Corrientes, la incorporación de usuarios que no están contemplados en el sistema de tarifa social. “La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, pidió a la Defensoría de la Caba que acerque los datos de las personas que deberían pagar tarifa social que no están en el sistema, acreditando condiciones”, explicó. Son casos que entrarán en evaluación.

El ombudsman dijo también que la ley protege al consumidor, por lo que “ante la duda de si puede pagar o no, debería tomarse una medida a favor del usuario”, señaló. Rodríguez indicó: “Acá debemos dejar en claro que el artículo 42 de la Constitución Nacional consagra la necesidad y la potestad de que tengamos servicios públicos que sean justos. Esto significa que sea un buen servicio y a un precio razonable, acorde a la realidad”.

Fuente: El Litoral