En cada licitación pública, la repartición del Estado que la organiza debe consultar a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para tener precios de referencia a la hora de utilizar el dinero de todos los argentinos para realizar una compra. En la millonaria licitación para el programa Qunita, esa oficina estableció un precio más bajo por cada kit que lo que terminó pagando el Estado nacional.

El programa Qunita lanzado este año está destinado, como se explica en la página web, a "todas las mujeres embarazadas de la Argentina que reciben la Asignación por Embarazo (AUE) que otorga la Administración nacional de la Seguridad Social (Anses)". Una iniciativa del Estado Nacional para "acompañar a las mamás durante el embarazo y luego del nacimiento de sus hijos, para garantizarles la mejor atención y las mismas oportunidades para nacer y crecer sanos".

Para obtener los 140.000 kits del programa Qunita, se llamó a licitación pública. El Ministerio de Salud, encargado del plan, determinó que varias empresas fueran las adjudicatarias de los casi $1.100 millones que cuestan los kits. Una de las compañías, Fasano SRL, fue beneficiaria del contrato para proveer 115.000 kits por un monto de casi $903 millones pese a que casi no tenía antecedentes. Esa firma le cobra al Estado $7.850 por cada kit completo.

El caso Qunita fue descubierto por el sitio periodístico Eliminando Variables y la diputada Graciela Ocaña hizo la denuncia judicial. El juez Claudio Bonadio tiene a su cargo la investigación que avanza con la recolección de documentación y algunas declaraciones testimoniales. Infobae reveló uno de los tantos hechos llamativos de esta millonaria licitación: que en nombre de la firma Fasano, retiró el pliego el ex futbolista Carlos Damián Randazzo, sin vinculación directa con la firma que se quedó con la mayor parte del contrato.

La Sigen estimó en $6.604 el precio de referencia para cada kit. El Gobierno los pagó más de mil pesos más caros

El articulo más importante del kit es una cuna de encastre y se completa con un colchón, un juego de sábanas, un acolchado reversible, un juego de toallas, dos enteritos de manga larga, dos enteritos de manga corta, dos pantalones tipo osito, dos pares de medias, un abrigo, un par de escarpines, dos sacos de dormir, un babero, un porta-bebé, un cambiador portátil, un bolso materno, un camisón, una bata de mangas largas, un par de pantuflas, una frazada, un neceser, un chupete, un mordillo, un termómetro digital, un sonajero, un cunero móvil, un paquete de algodón hidrófilo, un paquete protector mamario descartable, una crema hidratante y una crema caléndula.

Cuando se inició la licitación el Ministerio de Salud estimó que cada kit iba a costar $4.500 y el monto total iba a ser de $650 millones. Luego, a pesar de que se bajaron de la licitación algunos artículos, el precio subió.

Cuando la Sigen fue consultada -como manda la normativa- por el "precio testigo" (PT) del kit, estipuló un valor de 4096 pesos. En este costo no estaban incluidos varios ítems ni el flete. El 11 de marzo -una semana después del primer informe de la Sigen-, la Dirección de Compras del Ministerio de Salud pidió a la Sindicatura un "valor indicativo de mercado" (VIM). Según fuentes de la investigación, el ministerio señaló que cuando pidió el "precio testigo" no había podido cargar en la web de la Sigen todos los ítems porque los archivos "eran muy pesados".

El 18 de marzo de 2015 la Sigen estableció el "valor indicativo de mercado" en 6.604 pesos. El VIM es un precio de referencia que señala lo que puede costar comprar lo solicitado en la licitación sin tener en cuenta, por ejemplo, condiciones de pago o descuentos por volumen. Ante ese precio de referencia que estableció la Sigen el ministerio le pidió a las empresas que mejorasen la oferta. Todos contestaron que no pudieron hacerlo. El 30 de marzo de 2015, Nicolás Kreplak, quien como subsecretario de Medicina Comunitaria Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud manejó la licitación, informó que los precios contemplados por la Sigen no tenían en cuenta algunos elementos del kit, ni envases ni fletes, y estimó conveniente que siga el trámite de la millonaria licitación. De ese modo el Estado pagó entre $7.690 y $7.850 cada uno de los kits Qunita. La resolución 122 del 2010 de la Sigen establece que "en todos los casos, ante el suministro de un precio testigo por parte de la Sindicatura General de la Nación, los organismos solicitantes deberán incorporar el respectivo informe al expediente bajo el cual se tramita la contratación, y para el supuesto que la oferta preseleccionada supere los valores informados por encima del diez por ciento (10%) deberá propulsarse un mecanismo formal de mejora de precio a los efectos de alinear la mejor oferta con los valores de mercado que se informan". La Justicia investiga si se cumplió con esta normativa y si hubo sobreprecios. También si las firmas adjudicatarias estaban capacitadas para participar de una licitación de unos $1.100 millones.

Kreplak, militante de La Cámpora y viceministro de Salud, fue el hombre clave en la millonaria licitación que fue aprobada en junio pasado mediante una decisión administrativa firmada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Salud, Daniel Gollán.

Un dato curioso del contrato: Fasano, la empresa que más kits le vendió al Estado (115.000 sobre 140.000) es la que cobró el precio más caro. Las otras cinco empresas que proveyeron los 25.000 restantes cobran menos que Fasano por cada uno de los kits.

Fuente: Infobae